Misión Transporte se estrella contra la realidad que se vive en las calles

La “movilidad colectiva incluyente, digna, segura, de calidad y a precios justos”, prometida por la llamada Misión Transporte, que desde su nacimiento en 2013 está bajo las directrices del mismo presidente de la República, Nicolás Maduro, se estrella contra la realidad que se vive en las calles.

Cuando Maduro tenía apenas siete meses en el cargo, este programa se convertía en su primera gran “misión”. Asumía así el compromiso de aliviar el trajín diario de los venezolanos a la hora de movilizarse. Desde “refugios para gandolas”, pasando la llamada “fiesta del asfalto”, hasta promesas gruesas como la “constitución de nuevos sistemas de transporte”. Todo a favor de la gente, era el discurso oficial.

Cuatro años después, la realidad parece no tener frenos.Buena parte del servicio de transporte público sigue estando en manos de privados, a quienes la crisis económica les hace cuesta arriba adquirir repuestos, lubricantes y cauchos para sus unidades, con lo que ha mermado sustancialmente la flota operativa.

Las cada vez menos unidades deben trasladar a la misma cantidad de gente y la desesperación por el tiempo de espera para tomar un bus, ha llevado a muchos a tomar el riesgo de trasladarse en vehículos no aptos para movilizar a seres humanos en masa. La situación cobró este 6 de diciembre sus primeras víctimas y fue en el estado Bolívar: cuatro personas que, a falta de buses, se trasladaban en un camión volteo, un vehículo destinado al sector construcción.

“Dos personas tendidas en el asfalto y un camión volteo de costado era la escena que describía otro trágico episodio del caos de transporte público en Ciudad Guayana, este miércoles 6 de diciembre”, lo que coloca sobre la mesa una situación que enciende las alarmas.

La prensa local identificó a los muertos en el accidente comoLuis Salazar, Daniel Farfán, Luis Padilla y Julio Pérez Maita. Hubo nueve heridos: Willian López, Yornelis Bermúdez, José Cedeño, Larry Mujica (conductor), Elpidio Ramón, Javier Rondón, Jonathan Carrasquel, Ezequiel Requena y David Alpon.

A pesar de lo sucedido en Bolívar, Erika Farías, candidata del partido oficial PSUV para la alcaldía de Libertador (Caracas) y autodenominada “combatiente del ejército del Comandante Chávez”, propuso que los caraqueños se trasladen en una suerte de unidades-jaula “camiones de contingencia para que en las horas pico puedan ayudar a aligerar la espera”.

Los derechos están en el autobús equivocado

La primera “misión” con la que Maduro inauguró su presidencia montó los derechos de los venezolanos en el autobús equivocado, pese a los millonarios recursos destinados a “revolucionar” el sector.

“Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad”, reza el artículo 117 de la Constitución Nacional, una norma en la que también se destaca la garantía de “un trato equitativo y digno”.

El sistema de transporte público urbano permite a los ciudadanos movilizarse desde y hasta sus lugares de trabajo, estudios, recreación, cultura, deporte e incluso su hogar. El Estado debe garantizar a los ciudadanos la adecuada prestación de servicio pues su afectación no solo limita el derecho al libre tránsito, si no el derecho a la educación, el trabajo, las transacciones económicas y la recreación.

El mal estado de las unidades, así como el exceso de pasajeros,son factores que también atentan contra la seguridad de la gente y el derecho humano a la vida. Las personas también optan por caminar hasta su destino, en ocasiones a altas horas de la noche, colocando en riesgo su seguridad personal y propiedades.

Una crisis nacional mirada de cerca en las regiones

En Carabobo, muchos ciudadanos han optado por tomar un camión de carga con cuerdas y barandas para movilizarse “cual ganado al matadero”, tal como lo registró la coordinación de Transparencia Venezuela en esa entidad.

En Zulia, los usuarios han optado por el servicio de un tren infantil, de los usados para paseos cortos en eventos especiales, casi siempre, bajo techo.

“Con uno, dos y hasta cuatro vagones que se saturan de pasajeros, los trencitos no están dotados de las condiciones de seguridad necesarias para cohabitar en calles y avenidas con los grandes aunque ya escasos autobuses de las rutas urbanas. En cada vagón se montan, de día y de noche, no menos de 18 personas que apenas están protegidas de la eventualidad de una colisión por unas delgadas barras de metal o hasta listones de madera”.

Las demoras en discusión del pasaje mínimo y el hacerse “de la vista gorda” frente al aumento que unilateral de las tarifas por parte de los camioneteros, ha dejado indefensos a los venezolanos. En Lara para el 30 de noviembre el ´pasaje corto´ valía Bs. 700 y el ´largo´ Bs. 1.200. Tan solo 24 horas después, el 1° de diciembre, costaba Bs. 1.000 y 1.500, respectivamente.

En ese estado los transportistas se declaran en “paro técnico”, porque de 7.800 unidades solo están circulando 2.340 unidades, básicamente por falta de repuestos.

Las líneas sub urbanas del eje andino en Barinas muestran los efectos de las malas políticas en el sector: de 1000 unidades de transporte, sólo 369 se encuentran operativas y no en las mejores condiciones, según información recopilada en ese estado por Transparencia Venezuela. En Táchira, la Línea Unión Cordero a finales de noviembre de 2017, tenía operativas 12 de 84 unidades, solo el 14 por ciento de la flota.

“He pensado en dejar de trabajar, porque ya la situación no se aguanta. Últimamente he tenido que optar por quedarme a dormir en las casas donde trabajo para que me quede algo de dinero para comprar alimento”. Es el comentario de la señora Rosa Parra. Ella vive en el barrio La Cruz, al sur de Barquisimeto. Su testimonio a Transparencia Venezuela coincide con las vivencias de muchos ciudadanos que ven afectada su calidad de vida.

La coordinación de nuestra organización en el estado Mérida verificó la situación de los habitantes de los sectores periféricos del municipio Campo Elías, como El Salado Alto.

Ellos enfrentan las peores limitaciones a la hora de cumplir con sus actividades laborales y de estudio. “En la parada principal de Ejido el tiempo de espera ronda entre 35 y 45 minutos, que sumado al tiempo del trayecto, suma unas dos horas y media. Es preciso entonces para algunos caminar desde El Salado hasta una parada más próxima a Ejido, en calles no aptas para peatones, sin suficiente iluminación y a merced de la delincuencia.”

En el estado Bolívar, Transparencia Venezuela ha constatado el malestar de la población, que se ha traducido en manifestaciones de calle. El 18 de noviembre habitantes de San Félix protestó por la falta de buses y por el aumento discrecional de las tarifas. Los afectados cerraron la avenida Guayana, a la altura del Hospital Dr. Raúl Leoni de Guaiparo.

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