#OPINIÓN La Tortura, una política REVOLUCIONARIA Por Antonio José @AJMonagas

La tortura, una política “revolucionaria”

Antonio José Monagas

El ejercicio de la política, es tan disímil a instancia de la ideología declarada como proyecto político, que no admite ninguna metodología que procese su praxis en torno a circunstancias determinadas por alguna situación en particular. Frente a tan inexorable realidad, podría decirse: “cada cual según sus propias apetencias, posiciones y contemplaciones”.

El caso Venezuela, tan disonante respecto a lo que su historia política contemporánea puntualiza, es duramente patético. Su vigencia, inducida por la agorera política militarista, además de corrupta y desvirtuada administración de gobierno, es la demostración más fehaciente de todo cuanto puede suceder en el ámbito enmarañado de un régimen dictatorial.

Sus procedimientos mal llamados “jurídico-administrativos”, buscan en todo momento desviar la naturaleza de los hechos suscitados en el marco del revuelo socioeconómico por el cual trasciende su dinámica política. Particularmente, por lo que acontece alrededor de las reiteradas violaciones de los derechos humanos.

El informe elaborado como resultado de la visita de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es irrebatible a ese respecto. Las acusaciones elevadas de manera pública, son evidentes del carácter degradante y humillante de la coerción asumida por el régimen socialista a manera de contrarrestar todo manifiesto que declare cualquier tipo de aversión a la represión contraída casi como política de Estado.

No conforme con tan ostentadas prácticas, pusilánimes en su esencia y formas, el régimen “bolivariano” (equivocado calificativo para presumir lo insostenible en el marco de su declarada democracia protagónica) escamotea desvergonzadamente pactos y tratados internacionales dirigidos a establecer el respeto necesario a condiciones de ley sobre las cuales descansa el funcionamiento del sistema político-democrático. De modo tal que acostumbrado a burlarse así de toda normativa, incluso de la expuesta por la propia Constitución de la República, el régimen “bolivariano” hace lo que le viene en gana. Es decir, se salta “a la torera” cuanta determinación lo obligue a actuar comedida y equilibradamente respecto al ordenamiento jurídico que, en teoría constitucional, encamina el país hacia derroteros de progreso, crecimiento y desarrollo.

En consecuencia, el régimen venezolano deja ver su rechazo a todo o mucho de lo que compromete la legislación en materia de libertades y derechos humanos. O sea, actúa al amparo de una absurda impunidad de la cual se vale para arremeter y contrariar cualquier acción, presunción o consideración que desfigure su trazado  de perversión. Así ha logrado enquistarse en el poder durante veinte años, valiéndose de argumentos amoldados según sus intereses y validados en sus tribunales y oficinas de un obtuso Poder Ciudadano. Tanto como en los despachos de un desfigurado Poder Judicial y de un timador Poder Electoral. Es decir, todo un contubernio disfrazado de Poder Público Nacional, al cual hay que sumarle un Poder Legislativo (constituyente) absolutamente desnaturalizado, dada su condición ilegítima e inconstitucional.

Por eso se le hace fácil enmascarar la tortura mediante falacias jurídicas que hablan de la desfachatez y la inmundicia del régimen para hacer de las suyas. Sólo con la perversa intención de arraigarse en el poder político. Sobre todo, cuando no consigue otra forma de evadir el castigo que la justicia penal internacional tiene para quienes se han arrogado cargos y funciones públicas tan descaradamente, que la usurpación y otros delitos cometidos y probados internacionalmente, califica sus ejecutorias en la vía de condenarlos sin misericordia alguna.

La suma de violaciones de derechos y libertades, tanto como de asesinatos, desapariciones, atropellos por parte de miembros sicarios en las filas de organismos de seguridad del Estado, todos categorizados por el salvajismo aducido como un enmascarado método de tortura, lleva a que su futuro esté ya predeterminado. Por consiguiente, serán juzgados por tribunales internacionales. Para ellos, no habrá consideración alguna. Sobre todo, luego de quedar patentizado que sus sostenidos abusos, por la absurda ambición de “perpetuarse” obscenamente en el poder, incitó la vileza de tener en prácticas crueles e inhumanas como la tortura, una política “revolucionaria”.

Davy Sari

Periodista residenciado en Maracaibo y Caracas.

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