Opinión Tejiendo los retazos de mi país para Un Nuevo Amanecer Parte IV: DEL DISCURSO POLÍTICO por José Chino Viloria

PLAN ENERGÉTICO, HIDROELÉCTRICO Y DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL

Nuestro país históricamente ha sido un productor por esencia, desde el 30 de abril de 1539, se embarcó rumbo a España el primer envío de petróleo, por petición de la reina Juana “La Loca” con fines medicinales, para aliviar a su hijo Carlos de una enfermedad. Pero es a partir de 1883, cuando se comienza a producir con fines comerciales, de modo tal que Venezuela es un territorio con prerrogativas, por los múltiples recursos naturales con la cual nos ha privilegiado el creador.

Sin embargo, el país siempre ha estado sujeto a los caprichos o al raciocinio del gobernante de turno, para avanzar, detenerse o retroceder en materia energética, se tiene la reserva de petróleo más grande del mundo, algo así como 300.000 mil millones de barriles, pero al día de hoy la empresa petrolera insigne PDVSA, está en quiebra. Es el primer país productor de orimulsión, y no se le vende un barril a nadie. Es uno de los productores principales de gas natural en el mundo, alrededor de 6.9 MM de pies cúbicos y la mayoría de los hogares venezolanos tienen problemas para obtenerlo.

Del mismo modo, se produce etanol, y aun así el gobierno de lo compra a Brasil. Se produce carbón, con reservas probadas sobre la base de 1.450 millones de toneladas métricas, con mercados cautivos y con todo eso no se vende el producto a ningún mercado. Al tiempo es productor de electricidad, no obstante, todos los días hay apagones sistemáticos a lo largo y ancho del país. Aun cuando es la 4ta hidroeléctrica del mundo. Pero con el beneficio de que contamos con una inmensa reserva de agua dulce.

La disponibilidad de fuentes energéticas, constituye una de las prerrogativas esenciales para el desarrollo del país. Como en efecto, la energía es la fuerza primaria que activa todas las actividades económicas y sociales de la nación, si además, echamos mano de recursos naturales energéticos propios, puede anticiparse que existen condiciones favorables para alcanzar tasas de crecimiento económico óptimas, siempre que además se conjuguen otros factores de carácter institucional, social, técnicos, y las políticas públicas adecuadas y apropiadas.

* Por tal motivo impulsaremos, para nuestra Venezuela, cuyo desarrollo presente y futuro continuará estando estrechamente asociado al campo energético, las áreas de innovación tecnológica, que en lo adelante constituye la columna vertebral del programa de desarrollo de ciencia y tecnología. Vale decir es fundamental la existencia de una Política Energética Integral, que nos conduzca hacia objetivos comunes que procuren óptimos resultados globales. Esto debe enmarcarse dentro de una Política Económica, que además defina una Política Industrial y una Política Tecnológica que marquen el porvenir de la nación.

* Como quiera que la política pública de desaceleración del desarrollo hidroeléctrico y la baja eficiencia energética en la cual estamos inmersos en la actualidad. Cuyos efectos pueden comprometer los compromisos de Venezuela con el desarrollo sustentable del país, en lo adelante impulsaremos una junta de administración y planificación energética, donde convocaremos a los venezolanos con mayor preparación y experiencia en el ramo, a fin que en el menor tiempo realicen un diagnóstico y planifiquen el relanzamiento de los planes energéticos.

* Es necesario un esfuerzo nacional sin precedentes para cumplir la metas y además para crear las instituciones que garanticen su continuidad, por encima de los transitorios vaivenes que se derivan de los eventos electorales, propios de una auténtica democracia y en especial, inmune a los impulsos personalistas de quienes por circunstancias imprevistas llegan a posiciones de poder para las que no están calificados, y por ende establecer una base económica nueva para palear, aquello que hoy se evidencia en los escenarios energéticos y que puede conducir a la paradoja de ser un país pobre con una riqueza (petróleo, gas, hidroeléctrica, etc) que no se supo aprovechar para el bienestar colectivo y progreso de la nación.

* Adecuarnos al índice de desarrollo humano (IDH) de las Naciones Unidas, para cada país y el consumo energético de la población. En términos per cápita, se observa una correlación bien definida, para ello impulsaremos la construcción y reconstrucción, de hidroeléctricas en los Estados Carabobo, en aprovechamiento del lago de valencia; Mérida y los llanos occidentales, oriente, occidente y la cordillera andina; así como las otras fuentes de explotación energética, como la orimulsión, petróleo, carbón y el etanol, la energía solar y eólica, lo cual conlleve a generar empleo y bienestar para los ciudadanos de nuestra gran nación..

* Dentro del plan nacional de construcción y reconstrucción de obras de infraestructura impulsaremos las mancomunidades entre Estados, Regiones y Municipios a fin de lograr celeridad en la acometida planteada; acelerando la vialidad agrícola, nueva estructura de acueductos, pozos, represas, las termoeléctricas, alcantarillado y las autopistas requeridas.

REFORMA DEL PODER JUDICIAL
Es evidente que el poder judicial está sumido en una crisis trascendental al igual que el resto de los poderes públicos. Se debe reforzar la interdependencia del poder judicial, despolitizar la justicia, y castigar la impunidad, a fin de lograr que la justicia como conjunto de valores sobre los cuales se basa una sociedad, y el Estado como regidor de la nación coadyuven a la armonía social, basado en valores como el respeto, la equidad, la igualdad, la libertad y la ética.

La justicia como valor es el principio moral de cada ciudadano que decide vivir en sociedad, dando a cada quien lo que corresponde o merece, conlleva la justicia a los valores democráticos, a la virtud de los individuos, en procura del bien propio, así como el bien común. De allí la importancia en devolverle la confianza a los ciudadanos sobre el Poder Judicial, por ello la necesaria trasformación, a los fines de devolverle su institucionalidad, un mejor y eficaz funcionamiento para el logro de una tutela judicial efectiva de los derechos de los ciudadanos. Tocando aspectos especiales de interés social, como devolverle la celeridad a los procedimientos de índole procesal, puntual atención al delito de corrupción, y del narcotráfico, cuyo tratamiento debe conducirnos a una mayor severidad en el castigo de dichos delitos.

Justo en la actualidad el poder judicial está al servicio del poder del Estado, integrado como un solo poder, y no como es su esencia, al servicio de los ciudadanos. Por ello la necesidad de la reinstitucionalizar y devolverle el carácter independiente en lo político y económico, así como la sacro santidad de lo imparcial, lo que llevará a las limitantes del poder del estado, a garantizar las libertades de los ciudadanos frente al omnipotente Estado. Donde el imperio de la Ley rija a gobernantes y ciudadanos.

• A estos efectos impulsaremos: en concordancia con el poder legislativo, planteamos la reforma a la Ley Orgánica del TSJ, cuyo propósito estriba en adecuarla a la carta magna, donde se plasme el carácter técnico y científico de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con autonomía funcional y administrativa para sus decisiones y operatividad, y lo jurisdiccional sea la exclusiva tarea de los magistrados del TSJ. Así como la revisión de los Códigos Civil, penal, de comercio, tributario, de procedimiento civil, procesal penal y leyes que coliden con la revisión planteada.

• Se plantea una reingeniería en todos los aspectos del poder judicial, el aspecto humano trasciende en estos objetivos. De manera que se hace imprescindible la capacitación de magistrados, jueces, y demás funcionarios judiciales secretarias (o), alguaciles y personal administrativo, donde fundamentalmente se destaque su rol como funcionario público para una sociedad esperanzada en una proba y gratuita administración de justicia al servicio del ciudadano, y no al servicio de tribus de actos impúdicos e impropios, como el mercantilismo de la justicia.

• Justo y necesario es dotar al funcionario público de herramientas para comprender a la sociedad en un estándar de cultura cívica, donde enaltezcan los conocimientos, la honradez, la dignidad, la justicia, la sinceridad, la rectitud y la probidad, como también es justo y necesario, dotar a los funcionarios judiciales de remuneraciones o retribución justa, por sus servicios acorde con el escalafón de incentivos de estándares internacionales.

• Para hacer efectiva una verdadera trasformación en el sistema judicial es necesario tener presente la tripartita de la justicia, como lo son la autonomía, independencia e inamovilidad, que conforme al artículo 255 de la CRBV prevé que para el ingreso a la Carrera Judicial se requiere aprobar un concurso de oposición con la mayor calificación y ser declarado apto en una evaluación neuro-psiquiátrica; Para participar en dicho concurso se requiere ser venezolano, abogado, de conducta intachable, mayor de veinticinco años de edad, y estar en el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos, y haber ejercido la profesión de abogado durante tres años comprobados como mínimo, o haber aprobado curso de postgrado en materia jurídica. Dicho concurso es garante de idoneidad y excelencia en los jueces y letrados, a ello se le suma la evaluación continua en el desempeño de sus funciones lo que garantiza al ciudadano, la eficiencia judicial y la celeridad de los procesos, y a los magistrados autonomía, independencia e inamovilidad. Eliminando de este modo la justicia provisoria que en la actualidad ronda el 90% de los jueces del país, estableciéndose el cese de la transitoriedad que hasta el momento ha fundamentado toda la provisionalidad dentro del Sistema Judicial venezolano.

“La impunidad premia al delito, induce a su repetición y le hace propaganda: estimula al delincuente y contagia su ejemplo”.

•Necesario el dotar al Poder Judicial de la infraestructura adecuada, para cumplir sus funciones. Esto supone continuar con los proyectos de construcción, reacondicionamiento y dotación de los tribunales de todo el país, especialmente aquellos que se encuentren en el interior del territorio nacional.

Redefinir las funciones de los jueces con el fin de privilegiar las funciones judiciales, sobre las administrativas. Valdría la pena intentar implantar un diseño más equilibrado de las tareas de un tribunal, con el reconocimiento de la necesidad de incorporar nuevos roles que le den soporte al juez en las actividades gerenciales. Así como definir y presupuestar un nuevo régimen de remuneraciones para los jueces, por medio del cual se reconozca la importante función social de la Administración de Justicia y se combatan los focos de corrupción que se presentan cuando el salario es un incentivo y una invitación a la compra y a la venta de la justicia.

•Reactivación de la Escuela Judicial que pueda llevar a cabo un programa intensivo de actividades de capacitación, especialización y formación continúa para jueces y funcionarios de la Administración Pública. En perfecta adecuación con el órgano legislativo se definirá y regulará el mecanismo para la integración del comité de postulaciones judiciales, cuya conformación debe ser mayoritariamente de la sociedad civil, y en los casos de falta absoluta de magistrados del TSJ harán las respectivas preselección de candidatos.

La pobreza es un fenómeno complejo, en el que participan una serie de causas tanto endógenas como exógenas, y que genera además distintas consecuencias, entre las cuales podemos ubicar el reducido acceso a la justicia.

Algunos aspectos de importancia para la vida de la nación, se van insertando en la medida en que surjan sus conexiones con lo ya planteado, temas que por su algidez merecen un tratamiento conexo con las tres ramas del poder público como lo son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, donde con la debida mesura serán abordados y enfocados sobre lo que más le convenga a nuestra gran nación.
Para que un país sea republicano y libre, no basta que lo diga su constitución, es preciso que se lo permitan su inteligencia y estado actual. Por ende es necesario que sus ciudadanos sean meritorios de su república, como hombres y mujeres de bien, embriagados del caudal de valores cívicos per ce, que implica la república. Al servicio de los más altos intereses de Venezuela, apostamos a la transformación de nuestra república mediante el 6to plan de la nación, cuyo propósito no es otro que recoger los retazos en los que han dejado al país, para convertirlos en un nuevo amanecer; con ello generar Bienestar para nuestros ciudadanos y Grandeza para Venezuela.

 

José Chino Viloria
6TO Plan de La Nación

Por José Chino Viloria

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